Relaciones clientelares y desarrollo económico: algunas hipótesis sobre la persistencia de “enclaves” de Antiguo Régimen en las democracias de América Latina. El caso de Nicaragua (1990-2005)

Raquel Pérez-Márquez 

Revista Mundos Nuevos 7/2007

1. Introducción

“Toda una antigua familia sale de la tumba, con uno de nuestros primeros presidentes (…) a la cabeza, generación tras generación, hasta llegar a las actuales en pos de esas huellas” (Zavala Urtecho, 1967: 7).

Introducir la perspectiva histórica en el análisis del actual sistema de relaciones de poder en las sociedades de América Latina es una labor compleja, que compensa, especialmente, a la luz de los resultados de la investigación. La definición de los “enclaves de Antiguo Régimen” (Pérez Herrero, 2000), que aún persisten en la estructura de poder de las sociedades latinoamericanas, se integra en el estudio del proceso histórico de gestación de las instituciones políticas y económicas liberal-capitalistas tras la ruptura colonial.

El trabajo que presentamos a continuación es un intento de análisis de la continuidad del fenómeno clientelar en Nicaragua durante los últimos quince años. Este período (1990-2005), que conforma su reciente etapa democrática, en lo político, y liberalizadora, en lo económico, está plagado de numerosas paradojas y contradicciones, que serán estudiadas en su dimensión histórica. En primer término, la pluralidad y concentración interna de redes sociales, articuladas con el sistema formal de instituciones políticas (cuya máxima representación es el Estado) y económicas (estructuradas en torno al mercado), establece una perspectiva de estudio del fenómeno del poder muy específica, que se ha dado en llamar: el “enfoque de redes”. En nuestro caso empírico, aplicaremos tal enfoque al proceso de formación de las élites políticas y socioeconómicas de la democracia liberal en Nicaragua durante las dos últimas décadas. El concepto de red social entendido como el conjunto de vínculos personales, que asocian a los individuos, en términos positivos o negativos, ocupando posiciones desiguales en la estructura política y socioeconómica (Langue, F. y Ponce, P., 2006) mantiene ciertas pautas de continuidad con las prácticas sociales y políticas propias del Antiguo Régimen. Sin embargo, para evitar simplificaciones erróneas, matizaremos el salto explicativo de considerar el patrón clientelar de las relaciones de poder en las jóvenes democracias de América Latina como una herencia del viejo orden colonial, readaptada y vigente, a través de complejos mecanismos de perpetuación.

El caso de Nicaragua ofrece varias particularidades de interés. Inicialmente, las prácticas clientelares, entendidas como “la gestión del poder a través de los vínculos personales (…)” (Langue, F. y Ponce, P., 2006), están implícitas en el estudio de la historia de las élites de la región. La red social, como prisma teórico y metodológico, del fenómeno del poder, y, más aún, la perspectiva familiar (en tanto que transmisora del privilegio, del estatus y de la propiedad) muestra su clara utilidad en el análisis histórico sobre la formación de las elites en Nicaragua, en los ámbitos político, social y económico, por otra parte, fuertemente interrelacionados. Si bien, en este trabajo, no daremos cuenta, en términos prosopográficos, de la compleja y tupida malla genealógica, que vincula, mediante la red de parentesco, a los individuos portadores de un mismo apellido, así como la disposición de los linajes más destacados de la sociedad nicaragüense, sí atenderemos a la identificación de las principales variables de análisis en torno al proceso de formación de las élites a nivel nacional, su raíz local y regional en la estructura territorial del Estado, la función de las estructuras de parentesco en su articulación interna, sus mecanismos de reproducción social, así como el ensamblaje con las instituciones formales democráticas recientes y el nuevo modelo neoliberal.

En la región centroamericana, el enfoque estructural sobre el proceso de formación de las élites nos parece el más adecuado, por cuanto subraya el peso causal determinante ejercido por las variables socioeconómicas. El acceso a la propiedad de la tierra, como principal factor de producción en las economías agro-exportadoras de los nuevos estados nacionales y su inserción “dependiente” en el orden capitalista internacional constituye el eje central de formación de los grupos de poder dominantes, que convenimos en llamar élites. La estructura de parentesco (y su reproducción endogámica) actúa como un mecanismo de concentración del capital entre las familias de hacendados y comerciantes más importantes, que acceden a las fuentes de riqueza monopolizando su vínculo estratégico. Así, las estrategias económicas se constituyen en estrategias familiares. Ésta podría ser nuestra premisa de justificación del estudio de los “fundamentos familiares” del poder económico (agrario, comercial y financiero), según un patrón de inversión multisectorial, internamente diversificado, con objeto de minimizar los riesgos en momentos de crisis. Desde el inicio, observaremos la presencia de estrategias de diversificación productiva en las decisiones económicas de las élites agrarias tradicionales. La élite expandirá su dominio sobre las distintas fases de la producción de las materias primas básicas, especialmente, el café, el algodón y el azúcar, desde su cultivo a su procesamiento y comercialización en los mercados internacionales, vinculando la actividad agraria tradicional a sus nuevas incursiones en los sectores industrial y financiero. Según el tipo de dominación patrimonial de Max Weber (1923) “(…) el poder de los hacendados, el de los caciques locales y aún el de los caudillos, en rasgos importantes se organiza como una extensión del poder doméstico. No hay una distinción nítida entre funciones, recursos y actuaciones públicos y privados; el dominio es muy claramente personal. Incluso las fuerzas armadas obedecen a lealtades personales, cuando no son (…) ejércitos irregulares. Y esto no es un “residuo” del orden colonial, sino la organización de un nuevo tipo de dominio, ante la crisis del Estado. El gobierno general se encuentra, así, obligado a negociar su gestión con grupos de notables locales y con funcionarios casi autónomos que defienden sus competencias como si fueran privilegios personales (…). Se imponía, como en el modelo de Weber, el principio opuesto a la objetividad y universalidad de la dominación legal y burocrática. (…) Los “señores territoriales” defendían, más que otra cosa, la autonomía de su dominio. Pero eso no suponía independizarse del Estado, sino imponerle condiciones: porque la relación privilegiada con las autoridades estatales era uno de los recursos estratégicos que hacían posible su autoridad” (Escalante, 1989: 108).

Entendemos las redes familiares como estructuras de poder de larga duración (Casaús, 1995). La misma autora (Casaús, 1995) señala que al examinar “estos diversos grupos familiares, tanto aislados durante un período de la historia, como en su interrelación generacional, se podría concluir que ellos son la base de una estructura socioeconómica, que llegará a su máximo desarrollo en el siglo XIX” (Casaús, 1995: 17). Por otra parte, las variables explicativas de la formación de los vínculos primarios, que integran una red familiar, refieren la celebración de matrimonios estratégicos, el establecimiento de relaciones económicas ancladas en la propiedad agraria, el comercio o las instituciones financieras, la homogeneidad en el origen geográfico y el grupo de adscripción étnica1, la asociación en diversas estructuras organizativas, como gremios, partidos políticos, ligas, clubs sociales, instituciones educativas,…etc., y el mantenimiento de pautas de identidad cultural e ideológicas, implícitas en un imaginario socio-racial común2 (Balmori, 1990).  A lo largo de este artículo, nos distanciaremos de la clásica oposición (de raíz eurocéntrica) entre lo tradicional y lo moderno (Aboites, 2003: 21). Y veremos cuál podría ser la funcionalidad paradójica de esta estructura social heterogénea, marcada por las excepciones y los privilegios, en la formación de un Estado centralizado. La variable correspondiente a la fiscalidad resulta primordial en este punto. “La construcción de un sistema fiscal “moderno” encierra una compleja dimensión conflictiva que beneficia a grupos de poder con lógicas patrimonialistas y clientelares” (Aboites, 2003: 21). La estructura de relaciones políticas, contenida en la división Estado y sociedad, opera en los regímenes centroamericanos (no en un sentido absoluto, pero sí con un peso explicativo ponderado en el sistema de variables de nuestra investigación) a partir de la constitución de redes familiares, que permiten la consolidación de grupos oligárquicos específicos, así como su prolongación histórica en posiciones de poder dominantes (Casaús, 1992). De esta forma, la dimensión moral de las sociedades hacendadas se construye sobre una personalización del vínculo de autoridad hacia la figura del cacique local, así como en una disposición social organizativa de carácter jerárquico, coherente con una estructura de relaciones de poder clientelistas y enfrentadas (a través de la defensa prioritaria de su tradicionalismo local) a las instituciones formales del Estado-nación. “El orden rural descansaba, en buena medida, sobre la tan criticada actitud señorial de los hacendados. Ineficiente para el desarrollo económico, estorbosa para cualquier proyecto de Estado, insultante para la conciencia ilustrada y liberal, pero también insustituible” (Escalante, 1989: 94). El rango de necesidad histórica que otorga a estas prácticas locales –coincidentes con el modelo de dominación patrimonial weberiano- una capacidad de supervivencia, una vez declinado el régimen colonial, explica su coexistencia con la presencia precaria y desarticulada del Estado3, vertebrado sobre su funcionalidad instrumental de reforzar –en los planos institucional y simbólico- las redes de poder locales.

La hipótesis de gran envergadura, que sugiere la pervivencia de las redes familiares4 en Centroamérica (con la excepción de Costa Rica) como efecto de las dificultades de construcción de un Estado nacional remite al problema de las crisis de legitimidad experimentadas por las sociedades de la región, especialmente, debido a las restricciones a la inclusión política de amplios sectores de la sociedad, articulados sobre su diferencia cultural o étnica, y privados de cualquier vínculo –jurídico o práctico- con las instituciones públicas. Si bien las diferencias intra-élites vienen marcadas por una jerarquía de poder –interna y externa-reflejo de sus desiguales recursos de dominación política, militar o socioeconómica, el interés de los grupos hegemónicos durante uno o varios períodos históricos resulta crucial, en virtud de la capacidad transformadora de los núcleos oligárquicos para sobrevivir a los procesos de crisis orgánica, según la percepción “gatopardiana” (Lampedusa, 1958 ) de la necesidad de cambiar para que nada cambie. “Lo interesante de este núcleo oligárquico y de su supervivencia a través de los siglos es su flexibilidad y capacidad para ajustarse a las nuevas coyunturas históricas” (Casaús, 1992: 19), y redefinir, en cada caso, los contenidos legitimadores del “pacto de dominación”. De este modo, la contraposición de los modelos estamental y liberalrepublicano inspira dos sistemas de organización social y convivencia política diferenciados. El impasse histórico de la construcción nacional, como una realidad social e institucional en transformación, y la dilucidación del papel –activo o pasivo, incluyente o excluyente– representado por los diversos grupos sociales en la prefiguración de las nuevas instituciones políticas, económicas y culturales, genera una secuencia reflexiva de gran importancia para la comprensión de los procesos centroamericanos contemporáneos.

La coexistencia paradójica entre viejos y nuevos actores tuvo desigual peso en los diversos Estados latinoamericanos. Las élites tradicionales más dúctiles a las exigencias del cambio histórico se convierten en un prisma singular de “transición, negociación y articulación entre lo viejo y lo nuevo” (Vilas, 1995: 5). En el caso centroamericano, este comportamiento de las redes de poder oligárquicas será aún más pronunciado, especialmente, por la debilidad de las transformaciones modernas en el escenario político y socioeconómico tradicional, como muestra de una “emancipación incompleta” (Malamud, 2000) de las viejas formas de dominación colonial. Bajo el régimen representativo, el conflicto se estructura mediante la competencia pluralista (el enfrentamiento partidario) entre los miembros encontrados de una misma red familiar, constituyendo una compleja estrategia de supervivencia política. “En un escenario político de competencia electoral por el acceso a las funciones del gobierno, contar con una pluralidad de partidos mejora las perspectivas de acceso o permanencia de la clase en posiciones de poder, al tiempo que permite mantenerse en la cresta de la ola en coyunturas de cambio” (Vilas, 1995: 23). La invocación del linaje, como soporte de la unidad simbólica de la red familiar, se contrapone a la tensión estructural, generada por las nuevas premisas políticas y socioeconómicas de las realidades nacional e internacional. De este modo, “los discursos a favor de la libre competencia y de la desregulación coexisten con el mantenimiento de prácticas corporativas y estilos clientelares; la retórica de la reforma del Estado convive con la manipulación de los presupuestos gubernamentales para alimentar lealtades políticas; la exaltación de las virtudes del mercado se conjuga con los comportamientos rentistas” (Vilas, 1995: 26).

El incremento proporcional del peso de los sectores medios en las nuevas sociedades democráticas, frente a los resortes de poder de la oligarquía tradicional, más que revelar una tendencia a la quiebra de la segmentación y jerarquización de las estructuras socioeconómicas centroamericanas, mediante la modernización de las instituciones públicas, deviene en el deterioro de los recursos de negociación de las posiciones de poder de las clases medias5, dada la reducción de sus instrumentos de movilidad social ascendente. Por contraposición, la oscura estirpe de los nuevos portadores de la fortuna económica y la distinción política nace de la confluencia militar y ex-guerrillera en la prosperidad empresarial, instada a la sombra de los irregulares procesos de privatización o el flujo acentuado de recursos procedentes de las remesas familiares, la cooperación al desarrollo, el narcotráfico, la ayuda militar o el tráfico de armas, entre otras actividades6. Frente a estos nuevos actores del poder económico y político, los núcleos oligárquicos tradicionales redefinen sus modalidades de supervivencia a través de la paradójica coexistencia de su pretendida pureza de sangre con la heterogeneidad de sus dispositivos internos de dominación intersticial, bajo una tradición de ferviente y habilidosa capacidad de mutación histórica, que augura en Centroamérica un difícil “tránsito de la política de redes a la política de ciudadanos” (Vilas, 1995: 37).

2. Formación de las élites políticas y socioeconómicas en Nicaragua: los precedentes históricos de la transición liberal-republicana (1880-1920)

El proceso de independencia estableció un puente de continuidad con la permanencia de los intereses de los grupos oligárquicos ilustrados, mediante el papel activo desempeñado por estas élites, ligadas por fuertes lazos de parentesco, en la creación de las nuevas instituciones republicanas. De este modo, la organización de la sociedad en diversos niveles, ligados a las pautas de distribución de “los bienes y servicios, derechos y obligaciones, poder y prestigio” (Litlejohn, 1975: 9), que confieren un estatus social diferenciado a los individuos y grupos, que lo sustentan, tiene su proyección paralela en los órdenes político y socioeconómico. La tradición teórica marxista, construida sobre la noción de clase social, explica la correspondencia entre el proceso productivo y el sistema específico de relaciones de clase generado por éste. Un enfoque estructural, que prioriza la determinación explicativa de las variables socioeconómicas sobre las dinámicas políticas. En otro sentido, la aportación teórica de M. Weber (1922) se centra en la identificación de otros criterios de estratificación social, según una óptica de diferenciación más elaborada, entre los que se encuentra la noción de clase. Así, las clases, los grupos de estatus y los partidos constituyen principios de vertebración del orden social, correspondientes a la esfera del mercado, el honor o prestigio social, y el poder, respectivamente.

Cuando realizamos el estudio de las élites en Nicaragua, atendemos a su doble dimensión económica y política. El surgimiento de las oligarquías productivas en la región centroamericana se encuentra vinculado a una primera fase de acumulación de capital, durante la vigencia del orden colonial, “a través de la encomienda, la hacienda y la usurpación de tierras” (Casaús, 1996: 9). Por otra parte, la orientación de nuestro análisis no se refiere, únicamente, a la capacidad hegemónica sustentada por las élites políticas y económicas en el manejo de sus recursos de poder, sino a la posición arbitral ejercida en los procesos de decisión política, que afectan al conjunto de la sociedad nacional. Esta centralidad de las élites en las dinámicas de la vida pública y la intervención, directa e indirecta, en las instituciones de gobierno confiere a los grupos oligárquicos un instrumento de dominación, que se activa, especialmente, en los períodos de crisis de poder y vacío institucional de las funciones tradicionales del Estado. Las redes familiares actúan como una “clase social hereditaria” (Casaús, 1996: 20), que asume las tareas de gobierno durante estos procesos de crisis orgánica. Las propias metamorfosis de las oligarquías centroamericanas (Casaús, 1996: 20) refieren su capacidad de transformación, según los patrones de dominación de cada período histórico. “Esta forma de dominación tradicional-patriarcal es propia, en términos weberianos, de un tipo de “Estado de linajes7”, en donde no es la naturaleza del cargo la que determina el rango del individuo, sino que es su linaje el que resulta decisivo para la obtención del cargo o para ocupar un puesto de poder y prestigio” (Casaús, 1996: 23). El entrecruzamiento entre las variables clase social, grupo étnico o red familiar introduce, en el análisis sociológico, una  mayor complejidad de las identidades colectivas, manifiesto en la presencia coexistente de los criterios clasista y étnico o de parentesco, así como la gravitación de los factores de adscripción del linaje sobre los procesos políticos y socioeconómicos modernos. Sin embargo, el enfoque de redes no adquiere en nuestro trabajo de investigación un signo determinista. La importancia de las redes de parentesco en la constitución de la oligarquía no es el único factor de desarrollo político y socioeconómico de los sistemas de poder centroamericanos. La institución familiar es nuestra unidad de análisis, aún considerando sus límites explicativos.

La normalización de la vida política en las recientes repúblicas no estuvo exenta de pugnas y rivalidades por las posiciones de poder entre los diversos grupos sociopolíticos8, según una prolongación anárquica del proceso de formación del Estado durante la primera mitad del siglo XIX. Ésta será modulada sobre el tradicional eje de oposición liberal-conservador, que, en el caso de Nicaragua, se extiende hasta el liderazgo del general Fruto Chamorro. Así, las experiencias autoritarias en que incurrieron numerosos regímenes políticos independientes revelaban el ascenso de la figura del Presidente como “una representación formal del poder oligárquico que controla la economía y la cultura” (Nohlen y Fernández, 1990: 112). No obstante, el clima de ideas, fortalecido por las experiencias liberal-revolucionarias de 1830 y 1848, respectivamente, tuvo su arraigo transformador en las nuevas repúblicas latinoamericanas, a través del diseño específico de las estructuras de poder, especialmente, en lo que respecta a la institución del ejecutivo presidencial. En las décadas posteriores a la primera mitad de siglo se formalizó, en la legalidad y la praxis política, la separación de poderes, los instrumentos de participación política, mediante el diseño del modelo representativo y su entramado de competencia partidaria, así como la laicización del Estado y la elaboración constitucional, inspirada en las tradiciones inglesa, francesa, norteamericana y española. Todos estos aspectos definen nuevos retos para la oligarquía tradicional, que intentará asimilar la transición a la modernidad política con la habilidad de incardinarse en los nuevos instrumentos de dominación propios de la transición liberal. Uno de los primeros factores, que explicarán la continuidad del poder oligárquico es el propio diseño institucional del régimen presidencial de gobierno. Según la hipótesis referida por Nohlen y Fernández (1990: 115) en su estudio sobre la génesis del presidencialismo9 en América Latina, la concentración del poder oligárquico en las estructuras del ejecutivo mermó la profundización de las reformas liberales, asentadas sobre la representación parlamentaria, así como redujo a una pura formalidad el principio de soberanía popular durante el primer siglo de vida de las repúblicas independientes.

Las familias notables, integradas en la asamblea de los Cabildos, mantenían un control privilegiado sobre los procesos de decisión política, con ventajas sobre los restantes miembros de los cuerpos administrativos, implicados en las estructuras burocráticas del Estado republicano naciente. Por otra parte, la conformación del orden político a imagen y semejanza de los intereses de las élites, ligados a la voluntad de exclusión institucional de los grupos restantes, encuentra su expresión más clara en la penetración oligárquica de las estructuras del Estado y el sometimiento de los poderes públicos a la tensión externa de las demandas privadas. En este sentido, “(…) el clientelismo opera al margen del sistema político, o por lo menos exige de éste una adaptación a prácticas y fines que le son ajenos, lo que lleva a la constitución de espacios y estructuras externas para el procesamiento de las demandas y a la utilización de los recursos estatales con fines de satisfacción y control de las clientelas políticas” (Cf. Menéndez, 1986). Por tanto, la relación clientelar constituye una negación de los principios de la ciudadanía democrática, como la participación y la representación, y la génesis de una estructura paralela al cauce institucional del sistema político formal, ligada al “procesamiento de las demandas, (…) resolución de los conflictos y (…) asignación de los recursos” (Pachano, 1999: 8). De esta forma, la matriz oligárquica de los sistemas políticos centroamericanos permite la intermediación directa de los grupos dominantes en los flujos de decisión política, obstruyendo la apertura liberalizadora, que permite la intervención de otros sectores en el espacio público, así como la representación de sus intereses. Este será uno de los factores explicativos de la emergencia de soluciones revolucionarias enfrentadas a la política restrictiva del interés oligárquico sobre la irrupción de las masas populares en la arena política durante los ochenta. Así, “no estaríamos ante el fracaso de la poliarquía sino ante la ausencia de sus elementos constitutivos” (Pachano, 1999: 11).

Frente al modelo europeo de relaciones clientelares, las redes familiares en América Latina tienen una peso temporal determinante, que trasciende la periodicidad de los cargos político-administrativos, según una estructura de poder, anclada en las relaciones de parentesco de larga duración. Durante el régimen colonial numerosos peninsulares ocuparon cargos públicos de relevancia en la Administración de la Corona, con objeto de adquirir, posteriormente, el estatuto de noble. Si bien gran parte de ellos logró, únicamente, acceder a privilegios de orden legal, la obtención adicional de riquezas permitió el surgimiento de “familias notables” a fines del siglo XVIII, caracterizadas por su relación de equivalencia respecto de la nobleza europea, así como la proyección de su influencia política y económica en la construcción de los nuevos Estados nacionales durante los siglos XIX y XX. La unión estratégica de los miembros de las élites, a través de matrimonios “bien arreglados”, garantizó la permanencia, en el seno de la red familiar, de aquellos recursos de poder, vinculados a su expansión táctica en el nivel regional, modulando su presencia institucional en partidos políticos, ligas y clubs sociales, como instrumento de dominación política, y conformando, en el orden económico, la organización precedente de la entidad corporativa. Así, las élites peninsulares10, que decidían consolidar su pertenencia al grupo de poder dominante, una vez finalizado su período formal de gobierno, debían pactar con las élites locales, ancladas sobre sólidos lazos de parentesco. Otra variable a considerar en el proceso estratégico de negociación con las redes familiares notables se centra en el distanciamiento del poder de la metrópoli, así como la dificultad de garantizar la observancia de las disposiciones jurídicas de la Corona sobre las sociedades coloniales, en un sentido que permitiese el ejercicio del poder en el conjunto del territorio. Las pautas de relación clientelar de mayor eficacia entre los diversos actores del juego político introducen la necesidad complementaria de efectuar pactos de poder con las élites de la Administración Pública metropolitana y las propias élites criollas locales y regionales, en tanto que vehículo privilegiado de acceso a la estructura de poder de la sociedad colonial.

Otra variable explicativa de la capacidad de permanencia histórica de las élites, asentadas sobre vínculos de parentesco, se refiere a los procedimientos de ejercicio del poder. De este modo, la habilidad implícita en la composición estratégica de los mecanismos de dominación, así como de referentes legitimadores del poder de las élites, en función de cada período histórico, constituye en sí misma una fuente de perdurabilidad. El ejercicio de procedimientos de dominio, ligados al modelo tradicional-carismático, comprende la generación de pautas clientelares y relaciones de poder, basadas en la lealtad interpersonal y los vínculos de compadrazgo, que se articulan en torno a la red familiar principal, conformando un núcleo oligárquico, que ejerce su poder de forma patriarcal y endogámica (Casaús, 1994: 46). En la nueva andadura republicana, los procedimientos de dominación se concentrarán en la figura del caudillo y su preeminencia personalizada sobre la débil institucionalidad de un Estado de matriz oligárquico-dependiente. En este orden, “el modelo cívico es una creación histórica” (Escalante, 1989: 35). El respeto hacia las formas establecidas de legalidad, la renuncia del interés propio en razón de los intereses colectivos, el sentimiento nacional, el compromiso activo en la participación de los asuntos públicos o la aportación individual a la formación de una opinión pública racional son aspectos diferenciados de este vínculo moral cívico, que tiende un puente entre los ciudadanos y el Estado.

La construcción de los Estados nacionales estará asociada a las dificultades del tránsito de las viejas estructuras fiscales de la política imperial a los resortes autónomos de la fiscalidad moderna, como base de la creación de “una autoridad indisputada” (Cortes Conde, 1997: 80) y provisora de los bienes públicos en el conjunto del territorio nacional. La eficacia de los instrumentos recaudatorios, destinados a sufragar los costes del mantenimiento funcional de las instituciones estatales, constituye la ineficiente empresa de las nuevas repúblicas independientes, en un sentido revelador de la dimensión fiscal11 de su propia viabilidad política. Los nuevos Estados revelaron las mermas de la gestión pública centralizada y la consecuente emergencia de la figura competitiva de los caudillos locales. En este contexto de ausencia de un verdadero pacto fiscal, la emisión de la deuda “fue expresión de la crónica debilidad de los gobiernos, de su falta de recursos y de consenso sobre quienes debían soportar los costos del mantenimiento de la administración en donde entraban en contradicción el reclamo de la herencia colonial y la dura realidad en que se vivía” (Cortes Conde, 1997: 110). Las dimensiones económicas de la construcción de los Estados nacionales de América Central se vinculan a un modelo de crecimiento económico sostenido por el impulso agro-exportador. La bonanza económica que alentó el ciclo expansivo de las economías emergentes estuvo arraigado a la fuerza dinamizadora de los flujos del comercio exterior sobre las principales variables de la estructura económica interna. La diversificación comercial estimuló el desarrollo empresarial y financiero, así como la red de comunicaciones y transportes de las sociedades centroamericanas. Un impasse benévolo de superávit fiscal, que permitió el influjo positivo en las cuentas públicas, y la construcción de grandes obras de infraestructura y modernización institucional, como base del fortalecimiento estatal, mediante el recurso prolongado a los créditos internos y externos (…). La modernización económica de los nuevos Estados latinoamericanos se apoyaba en el impulso crediticio12 de las fuentes extranjeras, como raíz de un “nuevo pacto colonial” (Marichal, 1992: 86) entre las élites políticas y económicas nacionales y los actores financieros del sistema internacional. Se reforzaba la estructura del orden capitalista global y su diferenciación entre economías centrales y periféricas, así como la visión de las élites locales en la formulación de los instrumentos de crecimiento económico y acumulación de capital. La solución mercado-internista impulsada por el auge antiliberal, que sucedió a la crisis de 1929 no eliminó uno de los rasgos estructurales de las economías centroamericanas: la debilidad de las estructuras fiscales de un Estado de signo patrimonialista. Este sería el principal factor de la tendencia regular al endeudamiento por parte de los países de la región. Por el contrario, frente al intento de potenciar la creación de un mercado interno, que introdujese pautas de crecimiento económico, independientes de la variabilidad de los flujos externos, se establecieron los criterios económicos del financiamiento de un Estado prebenditario, ineficiente y carente de los rasgos (fiscales y político-administrativos) de modernidad weberianos. El infortunio de los regímenes políticos de América Central encuentra una raíz estructural en la dimensión explicativa de las variables económicas: el Estado redistribuye entre los ciudadanos, bajo un modelo en que el funcionamiento democrático y el crecimiento económico duradero resultan inviables al promover el intercambio clientelar como método de adscripción política y corporativa por encima de los criterios de competitividad, con objeto de garantizar la existencia de una base social conforme con la legitimidad de regímenes ausentes del apoyo de la clase política tradicional (Paramio, 2004).

Las dimensiones políticas de construcción del Estado a través del sufragio, como pauta de definición institucional de la ciudadanía, sostuvo la confianza inicial de los intelectuales liberales en el diseño de una estructura de vínculos entre las élites gobernantes y la sociedad, que desintegrase la malla de lealtades clientelares y la raíz histórica de los poderes locales (y su estructura interna de lazos familiares) en la organización de los procesos políticos. Las garantías institucionales de la aplicación del imperio de la ley frente a la arbitrariedad caciquil convergían en las esperanzas vertidas sobre el proceso electoral, como instrumento legitimador del gobierno y el respeto de una moral cívica, legalista e ilustrada, en un contexto marcado por la dura persistencia de “valores jerárquicos de privilegio y de conductas fuertemente corporativas de antiguo régimen” (Hernández: 46). La oligarquización del poder, como una pauta extendida en la reciente andadura democrática de las jóvenes repúblicas era favorecida por el distanciamiento geográfico, como un obstáculo a la eficacia técnica de los comicios electorales, según la fórmula “una cabeza, un voto”, y la anulación en la praxis de la libertad de sufragio, mediante la compra de votos o la obediencia corporativa a los capataces locales y los dueños de las grandes explotaciones agrarias. Un hecho de consecuencias notables para la articulación política y económica del Estado central. En este sentido, podemos subrayar la periodicidad de los duros enfrentamientos entre los grupos de oposición secular en los Cabildos, como alineamientos políticos consolidados, que sugerían el posicionamiento político-ideológico de las élites en torno a las diversas cuestiones del debate público. Por otra parte, la elección recurrente de los miembros habituales de la sociedad política de notables del Antiguo Régimen rebela el arraigo de las pautas de jerarquía endogámica, implícitas en la composición de la clase política. Asimismo, otro de los factores institucionales relevantes en la explicación de la permanencia de las élites tradicionales en el poder político y socioeconómico reside en la importancia concedida al órgano del Cabildo en la sociedad poscolonial. De este modo, la centralidad de las ciudades principales (capitales de provincia o cabeceras de orden regional), explica la consistencia de las élites locales en la dirección jurisdiccional de las villas y pueblos circundantes, según fórmulas patrimonialistas propias del Antiguo Régimen en la generación de lealtades políticas y formas de obediencia personalizadas a los poderes públicos. La incidencia de las reformas borbónicas sobre la reducción del poder local no eliminó el extraordinario peso inercial de la antigua estructura de la distribución del poder en la sociedad colonial. Por otra parte, el proceso sucesivo de diseño y aplicación de las reformas electorales tendentes a consolidar el régimen competitivo en dimensiones no exclusivamente legislativas, depurándolo de sus imperfecciones corporativas y fraudulentas, tuvo un carácter irregular. Los artífices del desarrollo pluralista convergían en el complejo engranaje de antiguos y nuevos actores del sistema político: las oligarquías tradicionales y las élites liberal-progresistas informaban, conjuntamente, de la concepción de las reglas y procedimientos del orden político.

Si las finanzas públicas soportaban “con un pie en el exterior” el peso de la administración de un Estado, que aún no definía el perfil (territorial, político-institucional, económico, financiero y sociocultural) de sus fronteras nacionales, la legalidad del sufragio se disolvía en el horizonte premoderno de las prácticas clientelares, que privaban al ciudadano soberano de la Ilustración de una existencia real en las nuevas sociedades republicanas. Entre la civilización y la fuerza, el civismo y la lealtad personalizada, los “caudillos bárbaros”, que invocara Alberdi (1937), gobernaban un Estado invisible integrado por “ciudadanos imaginarios” (Escalante, 1989). Con el proceso de emancipación económica el paso de la historia había sido gigante y leve, sobre la base de sutiles y arraigadas soluciones de continuidad, que enarbolaban bajo el rostro visible e ilustrado de la “formación de la Nación y el comienzo de las libertades” (Pérez Herrero, 2002: 15) las claves culturales, económicas y políticas del viejo orden colonial como “símbolo de la opresión, las sombras, la esclavitud, los privilegios y las extorsiones” (Pérez Herrero, 2002: 15).

3. Pautas de continuidad en la génesis familiar de las élites en Nicaragua: el triunfo revolucionario (1979/1989) y la transición democrática (1990/2000)

La construcción del Estado, en clave moderna, bajo un modelo de crecimiento económico sostenido, no podía anclarse sobre presupuestos tan frágiles. La crisis política, que condujo a la experiencia dramática de los autoritarismos, que asolaron la región en ciclos históricos sucesivos, pone de relieve la importancia de las variables económicas para definir la estabilidad de los procesos políticos. Si hacemos un balance reciente, el diagnóstico de los observadores liberales sobre la fórmula nacional-desarrollista, después de la crisis de los ochenta, se cuestiona el impasse fiscal de los Estados de América Latina, sobredimensionados e ineficientes en su rol político administrativo y socioeconómico, y abocados a un crecimiento sin control. La hipoteca generada por la espiral del déficit público encuentra su raíz en un populismo económico, inspirado en una concepción patrimonialista y clientelar de la política. El Estado aparece como un actor insustituible en la promoción del crecimiento económico nacional, pero no bajo el modelo de intervencionismo proteccionista e ineficaz, que alentó la magnitud de la crisis fiscal actual, debido a políticas favorables al endeudamiento externo y al incremento de la deuda pública interna. En Centroamérica, la débil fiscalidad, la articulación de un modelo de crecimiento económico basado en la agro-exportación, la carencia de insumos estratégicos para el proceso de acumulación capitalista –élite empresarial dinámica y autónoma, recursos de capital, infraestructuras de comunicación y transporte-, el control oligárquico regional, la presencia militar, la estratificación social jerárquica y polarizada, la exclusión étnica o la hegemonía eclesiástica constituyen algunos de los factores ligados a la secuencia de emancipación del viejo orden colonial, que explican el nacimiento de las republicas centroamericanas, desde una matriz histórica diferenciada del modelo occidental. El pacto interoligárquico, que dio luz a las nuevas repúblicas excluyó a amplios sectores sociales y su vínculo con las instituciones públicas no se definió tanto sobre las condiciones modernas de la ciudadanía y la fiscalidad, mediante el ejercicio del sufragio y el pago de impuestos, como de la lealtad personalista a los caudillos locales y regionales, que disputaban la autoridad de la ley y la moral cívica. En la América hispana las economías fragmentadas de base latifundista se estructuran sobre los intereses económicos privados de los grandes propietarios de explotaciones agrarias: “la autoridad se impuso regularmente por la fuerza, las élites utilizaron al Estado en beneficio propio y la participación política fue limitada por la violencia militar (…), los artilugios constitucionales y la corrupción electoral” (Pérez Herrero, 1994: 130).

En este contexto de discrepancia entre las instituciones públicas y los actores socioeconómicos el Estado emergió como resorte de las estrategias de adscripción corporativa y promoción de la inversión económica, decidiéndose desde arriba en un acto de imposición vertical ideado por las élites criollas victoriosas de los procesos de independencia. “Una sociedad profundamente dividida, con una marcada desigualdad social (…) y la presencia de un fuerte autoritarismo fueron algunas de las herencias dejadas por los movimientos de independencia” (Pérez Herrero, 1994). En este sentido, las dimensiones políticas (estructura de relaciones de poder patrimoniales y oligárquicas) y económicas (modelo de crecimiento dependiente de los intercambios comerciales externos, fragmentación del mercado nacional, régimen fiscal débil e ineficiente), como variables de la construcción del Estado en Centroamérica, establecieron modelos de ciudadanía política, social y económica ajenas a las nociones republicanas clásicas. “(…) Se interpreta que las distintas formas del Estado que los historiadores manejan para el caso latinoamericano (Estados nacionales emergentes durante la primera mitad del siglo XIX, Estados oligárquicos de la segunda mitad del siglo XIX, Estados populistas y neoliberales posteriores a la crisis de 1930, Estados desarrollistas democráticos de la posguerra, Estados autoritario-modernizantes de la década de 1970, crisis actual) tienen el componente común de la falta de adecuación entre las formas institucionales y la estructura social” (Pérez Herrero, 1994: 127). Su condición estratégica para el surgimiento de un Estado fuerte y centralizado apareció ante las élites oligárquicas como un obstáculo a sus objetivos de dominación. De este modo, se mantiene la hipótesis de que “los problemas financieros no fueron el resultado de la situación económica, sino que fueron creados en parte por las élites para impedir el surgimiento de un potente Estado central” (Pérez Herrero, 1994: 138).

La compleja trama de la política de redes “(…) consiste en un conjunto de maniobras, conscientes o inconscientes, para ganar seguridades y precaverse contra riesgos, en el doble terreno de las alianzas y de las rivalidades” (Molina Enríquez, 1985: 136). En cada situación, la reciprocidad del intercambio consolida o elimina una lealtad política, definiendo un estatus particular en el orden jerárquico de la estructura de poder de la sociedad. El surgimiento del Estado-nación en Nicaragua, en el proceso de desarrollo institucional de las nuevas repúblicas, estuvo signado por la pugna, violenta y crónica, entre los grupos familiares dominantes, añadiendo a la dimensión económica del conflicto una dimensión territorial, centrada en el enfrentamiento permanente entre las élites de León y Granada.

Cuadro 1: Presidentes descendientes de las principales familias de Centroamérica

Nicaragua:

Presidentes de la república:

De la familia Chamorro

5

De la familia Cuadra

8

De la familia Lacayo

9

De la familia Alvarado

1

De la familia Vázquez de Coronado

11

De la familia Alfaro

7

Fuente: (Stone, 1993: 56).

Los principios de oligarquización del poder mediarán como un obstáculo persistente en la construcción del propio sistema representativo. En este sentido, si estudiamos la emergencia de los primeros sectores modernizantes de la oligarquía cafetalera, encontramos una raíz estructural, dado el impulso de la actividad exportadora, como factor explicativo del surgimiento de los primeros intelectuales de signo liberal entre las élites tradicionales, que, a su vez, gestaron las pautas de modernización política y socioeconómica de Nicaragua. Así, la ruptura liberal alentada por J. S. Zelaya durante el último tercio del siglo XIX no acierta a consolidarse tras la intervención armada de las fuerzas norteamericanas en 1909 y el auge de las resistencias conservadoras. Esta primera tensión liberal o conservadora, modernizante o tradicional de los grupos oligárquicos, ligados a la producción cafetalera, define los clivajes ideológicos, políticos y socioeconómicos, que atraviesan el comportamiento de las élites en la construcción histórica de los proyectos nacionales. La sucesión de invasiones a cargo de Estados Unidos, formalizada en la creación de la Guardia Nacional (1912), como garante del orden político y económico liberal, y coherente con los intereses del modelo capitalista en el sistema internacional, constituye un factor explicativo de la emergencia de la experiencia autoritaria, asumida por la dinastía política de la familia Somoza y su copamiento de las instituciones del Estado. Siguiendo esta línea argumental, los sectores conservadores de la oligarquía nicaragüense adscriben sin reservas su cuadro de intereses políticos al régimen somocista, según pautas de fortalecimiento de la composición interna de las élites, aunque la “autonomía económica” de la oligarquía tradicional frente a la dictadura de Somoza, hasta el impasse del proceso de acumulación de la economía agroexportadora durante la Segunda Guerra Mundial, alentó las desconfianzas del somocismo frente a las familias notables (Balmori, 1990).

Por otra parte, la secuencia de modernización del modelo de crecimiento económico13 en las sociedades centroamericanas de la década de los sesenta, mediante el impulso de la producción algodonera y la innovación industrial, permite diversificar los activos de capital de las élites económicas, aunque la intermediación política del proceso de modernización, a través de las agencias internacionales de desarrollo, generó las condiciones de control de los sectores somocistas sobre la propia dinámica de crecimiento. La manipulación de las instituciones del Estado y la participación estratégica de los agentes del régimen autoritario en los procesos de decisión política, ligados al programa de modernización agropecuaria, comercial, industrial y financiera, explica el ascenso económico favorable de las élites somocistas. Asimismo, la quiebra entre los grupos económicos dominantes tiene su origen en los conflictos, que durante la década posterior divide a la oligarquía económica en dos frentes, ya sea el de la competencia mercantil, racional y organizada, de impronta modernizante en el pulso de la empresa capitalista o el de los segmentos de la burguesía, formados en el calor proteccionista de las instituciones del Estado y su control político sobre los procesos económicos. “Los factores tradicionales del regionalismo y el linaje se mantuvieron presentes a lo largo de este proceso, dando cohesión interna a los grupos, contribuyendo a su diferenciación recíproca e introduciendo rasgos específicos en su dinámica social y política” (Vilas, 1996: 90). La creación y consolidación de los grupos dominantes revela este principio de articulación territorial del poder económico, en un sentido que permite vincular a las oligarquías regionales con el núcleo central de las instituciones del gobierno de manera difusa, como un patrón de reproducción de las propias contradicciones, asociadas a la formación coherente de un mercado capitalista nacional. Así, las tensiones territoriales, como argumento de la rivalidad socioeconómica y la competencia política, entre León y Granada14 atraviesan la historia de Nicaragua. La importancia comercial y geoestratégica  de Granada y su impulso en la industria agro-exportadora hasta mediados del siglo XX alienta la propia dirección de los procesos económicos y su consolidación en el orden de la concentración territorial de las familias notables de la sociedad nicaragüense: “esta fue también la base de las fortunas, el prestigio social y el poder político de los más importantes apellidos de Nicaragua: Lacayo, Cuadra, Pellas, Chamorro, Cardenal, Urtecho, Guzmán y Zavala” (Vilas, 1996: 90). Contrariamente, León basa su dominación territorial en variables extraeconómicas, como la de constituirse en uno de los principales enclaves de la administración colonial, o albergar las instituciones religiosas más relevantes, los centros universitarios y el poder jurisdiccional sobre las instalaciones portuarias de Realejo. En cualquier caso, la definición geográfica de ambos centros regionales de poder político y económico adquiere matices y divergencias en el momento de precisar la participación más activa de los núcleos oligárquicos de León en el proceso general de modernización capitalista del país, debido a factores ecológicos, político-administrativos y educacionales, así como a la mejor inserción de las élites regionales en el entramado institucional del régimen de Somoza. “La clase existe ante todo como conjunto y red de familias originarias de un determinado territorio, como interrelación de estructuras de linaje, extensos pero excluyentes tejidos de parentesco dentro de los cuales todo el mundo es, de alguna manera, primo de todo el mundo (…) el entrelazamiento de las familias a través del matrimonio de sus jóvenes generaciones permitió la reproducción de una estructura de poder y de prestigio que el somocismo no pudo liquidar15, y con el cual el sandinismo estableció alianzas” (Vilas, 1996: 92-93).

La crisis del régimen somocista frente al estallido de la crisis revolucionaria, a fines de la década de los setenta, nos sitúa ante el comportamiento de las élites en el proceso de transformación política, social y económica del sandinismo (1979/1989). Los precedentes de análisis se sitúan en la década de 1950 y el posicionamiento de los rangos más jóvenes de la burguesía conservadora nicaragüense en su enfrentamiento crítico al régimen autoritario de Somoza y su propuesta de superación del tradicional sistema bipartidista de competencia electoral entre las formaciones liberal y conservadora. Estos intentos reformistas no encontraron el éxito en un sistema político cerrado y excluyente, aunque los grupos oligárquicos de signo conservador tendrían su principio de integración en las filas sandinistas, no tanto como signo natural de evolución ideológica y praxis política de la oligarquía tradicional, sino como la estrategia deliberada del FSLN para incorporar a estos sectores en la compleja miscelánea del proyecto revolucionario. Un factor explicativo del soporte estructural de estos vínculos entre la oligarquía conservadora y los sandinistas es la red de parentesco. Así, “varios de los integrantes del “Grupo de los 12” un núcleo de profesionales, intelectuales y algunos empresarios convocado por la fracción “tercerista” del sandinismo en 1977 como parte de su estrategia de alianzas amplias contra la dictadura tenían a sus hijos militando en el sandinismo, o eran ellos mismos colaboradores del FSLN” (Vilas, 1996: 95). Si bien el autor maneja la hipótesis de la importancia de las estructuras familiares, como factor explicativo de la articulación ideológica, organizativa, partidaria, simbólica y afectiva entre la oligarquía conservadora y los núcleos revolucionarios, el hilo conceptual de la argumentación se prolonga, en el orden de establecer el agravio generacional hacia los intereses políticos y económicos de las élites tradicionales, como principio explicativo de la oposición de la burguesía al sistema excluyente del somocismo. Los obstáculos a la libertad económica de los negocios y la represión política e ideológica sobre los jóvenes burgueses favorables al sandinismo, consolidaba las bases de la unión familiar opuesta al régimen de Somoza y un vehículo de redes de parentesco, que asociaba a conservadores y sandinistas en su dialéctica frente a la dictadura somocista. “Fue una alianza mucho más estrecha de la que se estaba forjando, en términos más amplios, con el conjunto de grupos y elementos antisomocistas, puesto que mientras ésta se daba en términos de externalidad y de relaciones entre organizaciones políticas y sindicales, la primera tenía lugar ante todo por la integración física de miembros de la clase en las estructuras orgánicas de dos de las fracciones del sandinismo de esa época” (Vilas, 1996: 96).

El triunfo revolucionario inauguró una nueva secuencia de transformaciones políticas y socioeconómicas en la historia de Nicaragua. De esta forma, la estrategia general de movilización popular abrió el cauce de la ruptura institucional con el régimen anterior, y sostuvo, tras la victoria del FSLN, la nueva organización política y económica de la sociedad (y sus viejas lealtades interfamiliares). Éstas penetraron en la cúpula dirigente y alentaron las alianzas entre los grupos guerrilleros y los miembros de la burguesía tradicional, según pautas de garantía de la unidad nacional, basadas en el acceso al poder político del nuevo régimen sandinista, la oposición conservadora antisomocista y las élites empresariales modernizantes. En cualquier caso, las tensiones del proyecto revolucionario se articulaban en torno a la disolución institucional de la huella somocista, la atención hacia las demandas populares más inmediatas, por sus réditos en el capital de legitimidad acumulado, y la pugna entre élites políticas y socioeconómicas, debido al ajuste de los intereses privados a la estructura funcional del Estado. Las divergencias sobre la concepción y desarrollo del programa económico de nacionalizaciones, así como la propia reforma agraria formaban los aspectos de mayor enfrentamiento entre las élites revolucionarias y oligárquicas. El vínculo de parentesco16 señala la constancia de los apellidos de la burguesía tradicional y su presencia en las nuevas cúpulas rectoras del régimen sandinista. Si atendemos a los enlaces de parentesco, intermediadores de los pactos de intereses entre el sandinismo y los miembros de la burguesía tradicional, podemos señalar la ausencia de estrategias de vinculación consanguínea, dados los criterios de reproducción endogámica del linaje entre las familias notables de la oligarquía tradicional, aunque sí se establecieron alianzas basadas en la contrapartida institucional de la ocupación de cargos públicos en los aparatos del Estado revolucionario, signando la especial relevancia de las nuevas generaciones afiliadas al FSLN. El pacto intergeneracional era más sólido que la alianza matrimonial como táctica reducida de articulación de los sectores conservadores y las nuevas filas sandinistas. En esta línea, “no fueron las familias tradicionales las que se abrieron para el ingreso, a través de casamientos, de nuevos elementos salidos de la política revolucionaria, sino que fue la política revolucionaria la que se abrió para el acceso de miembros de las familias tradicionales a la función pública, apoyándose en la bisagra que representaba la incorporación de los herederos de muchas de esas familias, al FSLN” (Vilas, 1996: 98). La necesidad de integrar un plantel de expertos en la elaboración de políticas públicas, desde la reforma agraria a las nuevas estrategias de inversión productiva y el diseño del programa económico de nacionalizaciones, signó la presencia de la burguesía conservadora, así como la influencia de la formación técnica y profesional de sus miembros, bajo un marcado carácter liberal. “Los jóvenes tecnócratas contribuyeron asimismo a la reproducción en las empresas del Estado, en la reforma agraria, en las políticas financieras y de inversiones, de los estilos y criterios tradicionales de autoridad y mando, situación que condujo a enfrentamientos y conflictos con las demandas de participación de los trabajadores, campesinos, comunidades indígenas” (Vilas, 1996: 102). La continuidad estructural de las élites tradicionales, y su defensa del núcleo duro de los intereses oligárquicos, al margen de la disolución sandinista de los bienes de producción agropecuaria, comercial y financiera de la burguesía tradicional, mediante la expropiación o la confiscación programada, obedece a los factores anteriores, que explican la presencia política de los mismos actores sociales integrados en las élites tradicionales, que articularon las políticas económicas, constituyendo los miembros recientes de las cúpulas tecnocráticas de la Administración Pública y los cuadros de dirección de las empresas nacionalizadas. Así, “las redes de parentesco que subyacían a las relaciones de propiedad y a los intereses financieros mantuvieron la cohesión de los grupos y el control de las decisiones empresariales pese a las transformaciones institucionales y a los consiguientes traspasos de propiedad” (Vilas, 1996: 102). De este modo, la incorporación de los miembros de las élites tradicionales a las altas fracciones de gestión estatal de la economía pública concedía el control sobre la producción, el empleo, las decisiones de inversión,…etc., al margen de la pérdida de los resortes de la propiedad jurídica. “Recíprocamente, el rápido doblamiento de las altas esferas del estado, el gobierno y el ejército, por funcionarios de alto nivel social contribuyó a reproducir, dentro de la revolución, las más antiguas y consolidadas expresiones de la jerarquización social en Nicaragua: blancos vs mestizos, ricos vs pobres, señores vs “chapiollos”” (Vilas, 1996: 103).

No obstante, aún detallando el origen familiar de los principales miembros de la élite gobernante bajo el régimen sandinista, la presencia de la burguesía tradicional en los ámbitos superiores de la clase dirigente tras el triunfo revolucionario no reduce la importancia de la movilidad social ascendente, que articula la dinámica interclasista propia del proceso de insurgencia y su clara concesión al protagonismo, activo y organizativo, de las masas populares. La remoción de los viejos estamentos de la oligarquía del poder gubernamental, a través de las alianzas pluriclasistas, que abanderaron el éxito de la revolución, encuentra una explicación adicional en la intervención de otras redes sociales, vinculadas a la producción intelectual, cultural y periodística, que amortiguaron el peso exclusivo de las estructuras de parentesco y los vínculos familiares en la composición de la clase dirigente. Al realizar el análisis prosopográfico, observamos la fuerte presencia de los vínculos familiares, aún cuando los altos funcionarios del régimen diseñado por el FSLN, Daniel y Humberto Ortega y otros comandantes revolucionarios como T. Borge, no pertenecieran a las familias notables y su ascenso político, desde un estatus social originario, estuviese anclado en los segmentos acomodados de la pequeña burguesía de provincias. Así, “las redes de familias y las estructuras de linaje no son independientes, por lo tanto, de la matriz socioeconómica ni de las relaciones de poder, contribuyen a su desarrollo al mismo tiempo que son condicionadas por éste” (Vilas, 1996: 112).

La reconstrucción prosopográfica de las élites del sandinismo y su clara filiación con los segmentos notables de la burguesía conservadora en Nicaragua permite observar la consolidación del régimen revolucionario en la década de los ochenta, mediante la composición sociológica de los órganos de gobierno, a través de los miembros de una extensa gama de familias principales. Así, Joaquín Cuadra Chamorro, cuyos antepasados ilustran uno de los entronques más emblemáticos de la oligarquía tradicional granadina, con ascendencia en las remotas migraciones peninsulares del siglo XVI, ocupará los cargos de Ministro de Finanzas durante el gobierno sandinista y, posteriormente, de presidente del Banco Central de Nicaragua, siendo, a su vez, padre de Joaquín Cuadra Lacayo, Jefe del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista (EPS) y pariente de otros miembros destacados de los cuadros superiores de la dirección militar, la representación diplomática y el liderazgo de las propias fracciones del FSLN durante el proceso de insurgencia. El comandante Luis Carrión Cruz, representante de la Dirección General del FSLN, es hijo de Luis Carrión Montoya, uno de los líderes manifiestos de la corporación financiera BANIC, posteriormente nacionalizada por el régimen sandinista, bajo el orden autoritario de Somoza, y, asimismo, uno de los empresarios más álgidos en el nuevo contexto de liberalización económica de signo modernizante. Por otra parte, su extensa red de parientes, vinculados a los altos órganos de la dirección política, económica y financiera se completa con la red familiar construida a través del vínculo matrimonial con Marta Patricia Lacayo y su enlace con la estructura de parentesco de Joaquín Cuadra Chamorro. El complejo ámbito de las interrelaciones familiares se extiende a los planos de la producción cultural y periodística, en tanto que medios informativos de consolidación de los recursos de legitimidad del nuevo régimen revolucionario. Así, “(…) la situación de los tres periódicos que se publicaban en Nicaragua en esta época sintetiza mejor que nada esta estrecha red familiar por encima de las identidades partidarias: Barricada (órgano oficial del FSLN), El Nuevo Diario (de clara afinidad sandinista), y La Prensa (vocero de la oposición antisandinista más recalcitrante) eran dirigidos respectivamente por Carlos Fernando Chamorro Barrios (hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y Violeta Barrios de Chamorro), Xavier Chamorro Cardenal (hermano de Pedro Joaquín y su socio en BANIC y cuñado de Violeta), y por Pedro Chamorro Barrios (hermano de Carlos Fernando y sobrino de Xavier), y posteriormente, por Cristiana Chamorro Barrios, hermana de Pedro y de Carlos Fernando” (Vilas, 1996: 101).

La continuidad de la política de redes en Nicaragua tiene una intensidad menor en la medida en que el proceso de modernización política y económica adquiere mayor consistencia en la organización interna de las sociedades centroamericanas. La coexistencia de las redes familiares con otras redes sociales, formadas a raíz de reciprocidades e interacciones de naturaleza mercantil, territorial, cultural, religiosa o ideológica, revierte en la propia complejidad de la jerarquía social, así como en la restricción parcial del peso de las estructuras de parentesco en la articulación de las élites políticas y socioeconómicas. En el caso de Nicaragua, “(…) el somocismo fue (…) el intento más fuerte de quebrar esa estructura y de disputarle la hegemonía tradicional: la marginó del gobierno y se enfrentó a ella en el terreno de los negocios” (Vilas, 1996: 112). Su posterior y parcial vinculación con el sandinismo, a través del copamiento de los órganos de dirección político-administrativa, condensaba la amplitud de una estrategia de fortalecimiento de las posiciones oligárquicas en el seno del nuevo orden revolucionario frente a la clara competencia interclasista de los grupos subordinados, representados en las consignas programáticas e ideológicas del FSLN, así como la renuncia a la mezcla consanguínea, implícita en las uniones matrimoniales con miembros no burgueses de las filas sandinistas, bajo pretensiones de participación en el nuevo régimen con los antiguos criterios de prestigio, diferenciación social y autonomía política. De este modo, “las familias tradicionales de Nicaragua no se casaron con el sandinismo: ni en términos nupciales ni en términos políticos, como lo ilustra su participación más diluida, pero de todos modos efectiva, en el gobierno de la UNO” (Vilas, 1996: 112).

En esta dirección, “las redes familiares permitieron a algunos, sucesivamente, soportar la “competencia desleal” de Somoza, sacar sus capitales del país, sumarse al régimen sandinista y participar del diseño de sus políticas e integrarse en el gobierno antisandinista de la UNO. Otros en cambio fueron marginados por las transformaciones en el mercado o resultaron expropiados por la revolución o tuvieron que salir de Nicaragua o experimentaron el peso de la crisis económica o están sufriendo el revanchismo antisandinista o no pueden acoplarse al mimetismo de los pescadores de río revuelto” (Vilas, 1996: 110). La presión moderadora y el recurso a la negociación, ligados al peso estratégico de las redes familiares sobre las diferencias entre el sandinismo y la oligarquía conservadora, en un contexto de fuerte intervención norteamericana, resultan claros instrumentos de “creación de consensos”, posteriormente, en el marco de la transición democrática, a través del pacto intra-élites (PTPE) operado entre la coalición liberal, liderada por Violeta Chamorro, y la izquierda sandinista convertida en nueva fuerza partidaria. En cualquier caso, “frente a las exigencias de los sectores “duros” de Washington sobre el gobierno de Violeta Chamorro para eliminar del Estado y, en primer lugar del ejército, todo vestigio de sandinismo, las interconexiones de familias tejen una red defensiva hacia los primos sandinistas y las esferas de poder institucional que conservan. Del mismo modo, la colaboración evidente del sandinismo para dotar de estabilidad al gobierno de Violeta Chamorro se facilita merced a esas mismas relaciones de parentesco o por lo menos hace menos agresivas las discusiones” (Vilas, 1996: 110). Asimismo, las condiciones estructurales y las pautas culturales, que sostienen el ejercicio burocrático, según una lógica patrimonialista del poder, alentó el enriquecimiento de los núcleos administrativos de la dirección sandinista, así como su reciente y exitosa proyección empresarial y terrateniente, en el nuevo contexto de la liberalización económica y la transición democrática. De otro lado, el regreso a manos privadas de las empresas nacionalizadas bajo el régimen revolucionario permitió el ascenso social de la antigua élite económica, asociada a las consignas políticas del somocismo, y la privación del exilio de aquellos sectores contrarrevolucionarios, enriquecidos por los negocios comerciales y financieros en el exterior, que asisten, nuevamente, a la dirección de la economía del país. La transición de la dictadura (oligárquica) a la democracia (electoral) tomó de sorpresa a las organizaciones revolucionarias (Vilas, 1995: 278). “A este retorno de la élite al ejercicio del poder político, esta vez respetando las reglas del juego de carácter legal y consolidando un Estado democrático formal, le hemos denominado “la metamorfosis de las oligarquías centroamericanas”, porque forman parte de las antiguas redes familiares oligárquicas, se mimetizan de empresarios modernizantes y se lanzan a la conquista del poder político, ante la ineptitud y corrupción de otros partidos políticos e instituciones públicas” (Casaús, 1996: 22).

La política centroamericana es una política de élites y la experiencia sandinista, a pesar del llamamiento continuo a la movilización popular, no fue contraria a una tradición, que privilegia el Estado como marco político-institucional de las decisiones públicas. La dialéctica entre élites y masas se hizo aún más compleja con la espiral belicista, interna y externa, en que entró el régimen revolucionario, como parte misma de su proceso de institucionalización, reforzando el verticalismo y la centralización político-administrativa de las estructuras del Estado, respecto de la participación de las organizaciones populares. No obstante, el sandinismo sí rompió con la tradición centroamericana de la escasa presencia política de las clases campesinas, dada su secular exclusión de los sistemas de representación política y su posición subordinada en la estructura de producción capitalista de base agraria, en términos socioeconómicos.

De nuevo, los sectores de la burguesía tradicional, críticos con el régimen revolucionario, y orientados hacia la apertura del espacio político a la presencia legal y legítima de otras fuerzas partidarias, definidas en un sentido democrático, y el freno negociador al conflicto armado, con su secuela de graves pérdidas económicas, constituyeron los segmentos modernizantes de las élites, que apoyaron el proceso de transición democrática en Nicaragua. Los rendimientos político-institucionales de la democracia nicaragüense ofrecen un saldo negativo ante el bloqueo de los poderes ejecutivo y legislativo, la fragilidad gubernamental frente a los principales retos de la realidad política y la insuficiencia de las élites en la adopción de decisiones coherentes con un marco político de estabilidad. La introducción de serias restricciones jurídicas a la articulación familiar de los poderes gubernamentales en el texto constitucional de 1995, especialmente, en el caso del poder presidencial, muestra el interés de reforzar la estructura de poder del Estado, desde la perspectiva de su diseño institucional17. No obstante, resulta irónico el regreso competitivo de la oligarquía tradicional, cuya participación electoral es mediada por formaciones políticas de derecha, ancladas en la praxis populista y legitimadas, externamente, por el discurso neoliberal de los grandes organismos internacionales y las corporaciones financieras.    

La democratización por la vía autoritaria constituye una variación común de transición política hacia regímenes competitivos en los países centroamericanos. En Nicaragua, los líderes del FSLN y la coalición conservadora de la UNO negociaron las premisas de la paz y la construcción democrática. En las segundas elecciones presidenciales y parlamentarias, concurrentes en la convocatoria electoral de 1996, el gobierno  conservador del presidente Alemán iniciaba la tarea paradójica de su consolidación como régimen político. Así, “el hondo sentido en que se mueve la historia centroamericana sus tensiones y movimientos ha situado en la conducción de los procesos democráticos a fuerzas sociales que no lo son plenamente. Los comicios en un clima de guerra empujaron fácilmente las victorias de los partidos conservadores. La derecha se alzó con el poder de manera legítima por vez primera en nuestra historia. En parte por la razón elemental de que la izquierda no podía ganar. Y se vive la paradoja de que la construcción democrática la dirigen actores no democráticos18” (Torres-Rivas, 1998: 348 ). En todo caso, el fortalecimiento de las estructuras institucionales del Estado constituye una condición necesaria de la democratización de la sociedad. Ésta es la dirección histórica (Torres-Rivas, 1998 ) más frecuente en los procesos de transición democrática. Aún así, la política democrática del Estado no puede ser unívoca frente a una realidad social tan fragmentada, que contrapone la dureza de sus contradicciones socioeconómicas internas al pragmatismo errático de la convergencia electoral.

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Stone, S. El legado de los conquistadores. Las clases dirigentes en la América Central desde la conquista hasta los sandinistas. San José de Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia, EUNED, 1993.

Torres-Rivas, E. La gobernabilidad centroamericana en los 90. Consideraciones sobre las posibilidades democráticas de la posguerra. En revista América Latina Hoy. 1994, nº 8, pp. 27-33.

Torres-Rivas, E. Personajes, ideologías, circunstancias: lo socialdemócrata en Centroamérica. En revista América Latina Hoy. Madrid: SEPLA. 1991, nº 2, noviembre, pp. 65-71.

Vilas, C. M. Family networws and democracy in Central American politics (Draft for discusión). México: CIICH-UNAM, 1995.

Weber, M. Economía y sociedad. México: Ed. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición 1922, 2002.

Notas:

1 “No olvidemos que para la oligarquía de finales del s. XIX y principios del XX era más importante contraer matrimonio con un extranjero pobre, pero de origen alemán o inglés, que con un mestizo o un criollo rico. Procesos similares se producen en este período en otras regiones de América Latina” (Casaús, 1996: 17).

2 En el caso de las familias principales de Nicaragua, “lo que las diferenciaba de otras era el llamado espíritu de familia, es decir, aquella conciencia y autovaloración genealógica cuyas finalidades predominantes han sido la exigencia y el círculo; espíritu que se ha conservado intacto en unas cuantas familias nicaragüenses, siendo las más representativas los Chamorro de Granada y los Sacasa de León” (Arellano, J. E., 1967: 12).

3 “El Estado, por otra parte, podía modificar las condiciones del intercambio de modo que le fuesen favorables, a través de la manipulación de las leyes. (…) La ley era el marco, el único posible, para ordenar las transacciones, de modo que era también el principal recurso del Estado” (Escalante, 1989: 133).   

4 “Era muy frecuente el hecho de que las hijas de comerciantes peninsulares llegados a mediados del siglo XVII se casaran a su vez con comerciantes peninsulares llegados a finales de ese siglo o a principios del siglo XVIII. De esta forma las familias prominentes aunaban lo viejo y lo nuevo. Si trazaban sus líneas maternas podían llegar hasta los primeros tiempos de la conquista, pero ascendiendo por las paternales se encontraban muy pronto con el emigrante peninsular” (Santos Pérez, 2000: 136).

5 “Las clases medias centroamericanas avanzaron al amparo de la ampliación de los sistemas educativos y de seguridad social, del sector público y de la modernización económica de las décadas de 1950 a 1970” (Vilas, 1995: 34).

6 “Las élites de la esfera económica nacen de nuevos mecanismos de selección en el intercambio y en la adaptación a las condiciones de la globalización: élites financieras, mediáticas o que gestionan la información a escala mundial, etc.” (Herrera Gómez, 2002: 187).

7 “A nuestro juicio estas familias ejercen la dominación a través del “cabeza de linaje”, que en términos weberianos unifica las formas tradicionales y carismáticas de dominación, estableciendo, según la tipología weberiana, “estados de linaje”, que se caracterizan por establecer un tipo de organización política patrimonial, un sistema hereditario basado en el linaje y el parentesco y una forma de ejercicio del poder patriarcal, caballeresca y carismática. Esta tipología se adecúa bastante al Estado oligárquico patrimonialista y a sus reminiscencias en la actualidad” (Casaús, 1995).

8 “El caudillismo no nación en la sociedad colonial (…). El caudillo fue fruto de las guerras de independencia, durante las cuales el estado colonial se sumió en el desorden, las instituciones fueron destruidas y una serie de grupos sociales rivalizaron entre sí para llenar el vacío. (…) Aunque originariamente el caudillo era un jefe militar, también respondía a los grupos civiles de presión de varias clases. En algunos casos representaba a una élite vinculada por el parentesco” (Lynch, 1997: 347).   

9 “Sin embargo, para los efectos de la teoría o de la sistematización conceptual, el sistema presidencialista o presidencial se define por las características derivadas de la normativa y práctica del modelo estadounidense y, como referencia alternativa, frente a las características del modelo parlamentario. (…) los elementos distintivos del modelo presidencialista serían: clara separación del Ejecutivo y del Legislativo, elección popular directa del Presidente, inmovilidad política del Presidente durante su período de Gobierno, no disolución del Parlamento por parte del Presidente, y escasa disciplina partidaria” (Nohlen y Fernández, 1990: 116).

10 “En León, en Granada, en Rivas y en Nueva Segovia vemos que algunas familias logran conseguir más que otras en la distribución de cargos civiles, religiosos y militares en la apropiación de la tierra, en las ganancias que procura el comercio. La continuidad de estas familias se consigue gracias a la inmigración peninsular: los elementos recién llegados de España como oficiales o como comerciantes son aceptados por la élite social de la provincia. (…) Estas familias étnicamente “puras” daban a la provincia un aspecto español bien acentuado: estilos de construcción de casa, mobiliario doméstico, decorado de casa, cultura literaria (…), valores morales –inculcados en la educación recibida en el Seminario de León, en la Universidad y en el Colegio San Francisco de Borja de Guatemala” (Romero Vargas, 1988: 282).

11 “El gobierno federal carecía de recursos para mantenerse en el poder y la unión se deshizo a causa del fracaso fiscal. Poderosas familias regionales no estaban dispuestas a que otros cobraran impuestos sobre sus recursos y propiedades ni a permitir que las rentas salieran de su región camino del centro. A su vez, las ciudades del interior se negaban a pagar impuestos a las capitales regionales. Estas posturas eran de índole política, ya que la economía propiamente dicha no se hallaba deprimida” (Lynch, 1997: 330).

12 “En América Central, el primer empréstito se contrató en 1825 (…) con bancos británicos; su objetivo esencial era aumentar los ingresos del gobierno hasta que pudiera ponerse en funcionamiento una estructura fiscal (…), pero también pasa impulsar la construcción de un canal interoceánico que atravesaba Nicaragua” (Bethell, 1990: 74).  

13 “(…) siguiendo una tendencia ya descrita en el siglo XVII, los hacendados criollos orientaban sus explotaciones hacia el mercado interno y la ganadería, mientras que los peninsulares se dedicaban con mayor frecuencia a la agricultura de exportación” (Santos Pérez, 2000: 323).  

14 “León y Granada eran las dos ciudades más importantes de Nicaragua en el siglo XVIII y los focos de la dominación española. (…) Las genealogías, las alianzas matrimoniales, los cargos desempeñados, las fuentes de ingresos, los bienes poseídos, el estilo de vida son rasgos característicos de estas familias que se precisan a la luz de los inventarios, los testamentos, los contratos matrimoniales, los nombramientos a los diferentes cargos y los títulos de propiedad” (Romero Vargas, 1988: 259).

15 “En Nicaragua, las redes familiares en que se asientan los grupos oligárquicos les permitieron conservar capacidad de decisión estatal por encima de los virajes de la política y de las alzas y bajas de la economía. La década de régimen sandinista fue el período desde fines del siglo XIX en el que representantes de las redes familiares conservadoras más tradicionales regresaron al ejercicio directo del poder político con más amplitud y efectividad. Miembros de las familias Chamorro, Coronel, Cardenal, Lacayo, Cuadra, Argüello, Carrión, ocuparon las posiciones más altas en las agencias gubernamentales y políticas encargadas de varios de los temas más sensitivos de la revolución sandinista: reforma agraria, educación, cultura, bancos y finanzas, ejército, administración de justicia, conducción política del FSLN (…). A la inversa, fue posiblemente durante la dictadura de cuatro décadas de la familia Somoza, cuando las redes tradicionales vivieron su más claro extrañamiento del poder político y económico de Nicaragua. Por un lado, Anastasio Somoza García inició su propia “familia política”. Apoyándose en ella el dictador pudo establecer un régimen verdaderamente dinástico. El control político y militar del país le permitió lanzarse, a partir de la década de 1940, a un proceso vertiginoso y diversificado de acumulación de capital. Por el otro, porque si bien los Somoza también estaban vinculados a las redes tradicionales de parentesco aunque de manera relativamente marginal e indirecta, en su estrategia de dominación transmitida del padre a los hijos sometieron a sus primos lejanos de más rancia prosapia a una marginación que contrastó con la preeminencia que éstos habían ejercido en el pasado. En esta misma medida los Somoza violentaron el código básico de una red familiar y se colocaron al margen de ella” (Vilas, 1995: 18).

16 “Robelo fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y como tal la figura política no sandinista y no conservadora más importante en esta primera etapa del régimen revolucionario. Su caída marcó la temprana ruptura del núcleo de empresarios modernizantes, propiamente capitalistas, de Chinandega, León y Managua, con el sandinismo, después de intentos frustrados de querer imprimir a la revolución lo que entonces se caracterizó de (…) giro socialdemócrata. (…) La salida de Robelo de la Junta de Gobierno coincidió con la de Violeta Barrios de Chamorro; las vacantes fueron llenadas por dos desconocidos dirigentes del partido Conservador: el economista y banquero Arturo Cruz Porras y el abogado y terrateniente Rafael Córdoba Rivas. El primero era hasta ese momento presidente del Banco Central; su cuñado el empresario Luis Carrión Montoya, descendiente de una de las familias más antiguas del país el primer Carrión habría llegado a Nicaragua en el siglo XVI era uno de los mayores capitalistas de Nicaragua, ligado al poderoso grupo BANIC, nacionalizado poco después del triunfo revolucionario. Luis Carrión Cruz, hijo de Carrión Montoya y sobrino de Arturo Cruz Porras, era uno de los nueve miembros de la Dirección Nacional del FSLN. Por su parte, Córdoba Rivas había colaborado con Pedro Joaquín Chamorro en UDEL y había defendido ante los tribunales a algunos dirigentes sandinistas encarcelados por la dictadura. Más allá de las historias personales, estos nombramientos ilustraron la formalización de la alianza del sandinismo con los grupos tradicionales de Nicaragua, que se habían opuesto al somocismo menos por lo que éste tenía de dictadura, que por lo que involucraba de competencia en los negocios” (Vilas, 1996: 97).        

17 “Respecto al Presidente de la República se prohibió la posibilidad de su reelección inmediata y se limitó el período de ocupación de la máxima magistratura a dos períodos. También se estableció la prohibición de que familiares próximos (cuatro grados de consanguinidad) al Presidente pudieran concurrir en un proceso electoral, cerrando el paso a las pretensiones presidenciales de Antonio Lacayo” (Martí, 1998: 200).

18 En Nicaragua, un ejemplo de ello lo constituyen las negociaciones que permitieron el pacto intraélites (PTPE) a través del cual se opera el proceso de transición, la actitud conciliadora mantenida por ciertos sectores del sandinismo (ya fuese por principios de renovación o de pragmatismo políticos), la voluntad de consenso ejercida por el primer Gobierno liberal presidido por Violeta Barrios de Chamorro o la trampa tendida sobre el radicalismo, que tiñó de oportunismo político el pacto entre Ortega y el presidente Alemán mediante el que se repartieron el control de todas las instituciones del Estado –Justicia, Contraloría, Consejo Electoral, etc.-, eliminando de forma arbitraria la participación electoral de las restantes opciones políticas.

 

 

 

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