Historia, género y violencia doméstica. Interesante artículo de la colega Eugenia Rodríguez.

Mujeres se hacen justicia

Precedentes.   La lucha de las mujeres contra la violencia doméstica tiene larga historia en Costa Rica.

Eugenia Rodríguez Sáenz

 

LA NACIÓN, 9 de marzo de 2008

  

En octubre de 1832, en Cartago, una esposa entabló una demanda de separación eclesiástica contra su marido. Según ella, desde que se había casado hacía cinco años, él la castigaba brutalmente y le daba un “trato vil y penoso”.

     

La mujer añadía (conservamos la escritura original): “[…] llegando al término de berme amarrada a un pilar en cueros y asotarme barias veses, y haverme apuñaleadome, como consta por las sicatrises que se manifiestan en mi persona, a causa de su mala versación y los selos indiscretos, imprudentes, yegando a la estrema necesidad de tener que abandonar mi casa”.

Esta demanda no fue un caso excepcional, ya que, entre 1830 y 1889, unas 392 mujeres más recurrieron ante las autoridades civiles y eclesiásticas para denunciar a sus maridos por sus tratos abusivos.

‘Moderados castigos’. La práctica de acusar a los maridos fue favorecida por el proceso de construcción del Estado iniciado a partir de la independencia (1821) y, en particular, por la expansión de una red de tribunales civiles en las cabeceras de provincia del Valle Central.

Además, ese proceso se vio reforzado por la emisión del Código General de 1841 y el Reglamento de Policía de 1849 . Ambos ampliaron las potestades legales que tenían las autoridades civiles para regular los asuntos domésticos y decidir sobre el tipo de penas aplicables. Entre 1830 y 1889, alrededor del 80% de las denuncias de las esposas fueron presentadas ante las instancias civiles.

El Código General de 1841, aprobado durante la dictadura de Braulio Carrillo (1838-1842), incluía leyes que justificaban y, a la vez, sancionaban la violencia en las relaciones de pareja.

Una de esas leyes autorizaba a los maridos a “corregir” a la esposa e hijos con “amonestaciones y moderados castigos domésticos”, y, si estos no eran suficientes, podía llevarlos ante un juez para que los reprendiera e hiciera ver sus deberes.

No obstante, ese Código incorporaba también otras disposiciones que permitían a las mujeres demandar a sus maridos “por su conducta relajada o malos tratamien-tos”, y que sancionaban la violencia de pareja con penas que en la primera vez consistían en la reprensión del juez. Si el marido reincidía en “sus excesos”, la pena era el encarcelamiento proporcional a la falta.

Las esposas acudieron ante las autoridades a denunciar a sus maridos por tres razones principales: por abuso físico y verbal, por adulterio, y por abandono e incumplimiento en la manutención de ellas y de sus hijos.

Con mucha frecuencia, las mujeres debían afrontar la oposición de las autoridades, en particular de las eclesiásticas, que tendían a minimizar sus reclamos. Para estas últimas, de acuerdo con la legislación canónica, la separación temporal únicamente se justificaba en condiciones excepcionales.

En tal sentido, el maltrato cruel y excesivo no bastaba ya que, aunque se lograse demostrar que había ocurrido, la mayoría de las veces, las lesiones resultantes eran consideradas de carácter “leve” y como resultado de “simples desavenencias” entre los cónyuges.

No era inusual que las mujeres fuesen responsabilizadas por esos desacuerdos y se les exigiera reconciliarse con sus esposos para evitar el escándalo público.

‘Sangre’. Ante los tribunales civiles las mujeres podían denunciar a sus maridos por situaciones de abuso, pero si lo que buscaban era una separación, debían plantear la demanda correspondiente ante las autoridades eclesiásticas.

Un caso de esa índole fue el de una mujer herediana de 50 años: en 1851, con más de treinta años de casada, indicó que había pasado casi nueve años denunciado a su marido en los tribunales por maltratarla de palabra y obra. Aunque se había reconciliado con él, no había logrado que su esposo corrigiera su conducta.

En su última apelación ante el Vicario Eclesiástico, expuso que ya había llegado a su límite y que merecía el divorcio perpetuo. Ella expresó: “Esta clase de vida señor en una muger de mi edad, es irresistible física y moralmente, porque ya no tengo suficiencia para aguantar golpes, malas razones”.

Para el Vicario, en cambio, no se aplicaba la autorización de separación debido a que “la esposa no probó plenamente la sevicia, ya que para esto se necesita: que haga temer peligro de la vida o que el maltratamiento sea tan cruel que cause enfermedad o efusión de sangre”.

Además, se recomendaba a la esposa que “ojala, en obsequio de la ancianidad, de la paz de los matrimonios, del buen ejemplo deponga todo sentimiento y rencor, y acordándose de los deberes de buena esposa y de buena madre, se una de nuevo con su marido y se dedique a llevar una vida ejemplar y edificante”.

A diferencia del divorcio civil, que sería aprobado en 1888, la separación eclesiástica no implicaba la disolución del vínculo matrimonial y, en caso de que fuera autorizada, tenía un carácter temporal.

Raramente, sin embargo, las autoridades eclesiásticas concedieron este tipo de separación, lo que no impidió que algunas parejas vivieran separadamente, al parecer por mutuo acuerdo.

En el siglo XIX, las costarricenses afrontaron dificultades para lograr que sus denuncias produjeran resultados que mejoraran sus condiciones de vida. Sin embargo, conviene destacar el profundo cambio histórico que supuso la expansión de la red de tribunales civiles.

Avances. Al proporcionar una vía institucional para encauzar los conflictos conyugales, esa red simultáneamente abrió espacios para que las situaciones de abuso contra las esposas pudieran ser ventiladas cada vez más en el marco del derecho civil y no del derecho canónico. En tal contexto, las mujeres empezaron a reconocerse como sujetas de derechos civiles y jurídicos.

Un caso que evidencia ese proceso de reconocimiento fue el de una mujer de San José. En 1852, ella alegó que había soportado, por más de ocho años, los abusos de su marido. Este pasaba ebrio, no le daba alimentos ni vestidos, la maltrataba, la corrompía y la amenazaba de muerte.

En su denuncia, la mujer señaló: “Si bien una débil mujer es una compañera del hombre para que vivan maridablemente en la sociedad, también es cierto que cuando se abusa, cuando en lugar de esposa se tiene una vil esclava, las leyes han creado medios para cortar estos males y reprimir sus abusos […]. No obstante que algunos maridos creen que no hay en la tierra más autoridad que ellos sobre sus mujeres, de cuyo modo de pensar se deduse su ignorancia, estoy propuesta hacer reconocer a mi esposo que hay leyes que me amparan”.

Por tanto, reconocer que el orden institucional surgido después de la independencia ofrecía nuevas opciones para afrontar los abusos de los maridos, fue el primer paso de un proceso que llevó a cientos de esposas a defender sus derechos ante las instancias civiles.

Así, lejos de ser un fenómeno reciente, la lucha sistemática de las mujeres contra la violencia doméstica en general, y de pareja en particular, tiene una historia que se remonta por lo menos a la primera mitad del siglo XIX.

Conocer ese pasado en toda su complejidad es fundamental para entender los logros alcanzados en el presente y los que todavía faltan por conseguir.

LA AUTORA ES HISTORIADORA Y TRABAJA EN LA ESCUELA DE HISTORIA Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERICANAS, UCR.

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