Una perspectiva sugerente sobre la Historia Contemporánea de El Salvador…

A las puertas de la guerra civil

Rodolfo Cardenal

La Tribuna, 29 de marzo de 2009

Un nuevo pacto, esta vez entre el ejército y la democracia cristiana dio paso a una segunda junta de gobierno a principios de 1980. De acuerdo a los términos del pacto, el ejército permitiría a la junta de gobierno demócrata cristiana impulsar algunas reformas a cambio de que ésta no interviniera en los asuntos internos de aquél. De esta manera, los demócrata-cristianos, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, introdujeron reformas, pero, al mismo tiempo, permitieron que el ejército se constituyera aún más en un poder paralelo y llevara adelante su política de exterminio de las organizaciones populares. Mientras en El Salvador se impulsaban simultáneamente las reformas y la represión, desde Washington se estimulaban las elecciones y la guerra de baja intensidad. Además de profundizar la militarización de la sociedad, este pacto reforzó la actividad de los escuadrones de la muerte.

Tanto civiles como militares consideraron que las reformas propuestas por la democracia cristiana amenazaban seriamente su posición de poder y privilegio, pero disfrazaron esta realidad alegando la existencia de una conspiración comunista contra el país. Para contrarrestar estas amenazas, se dedicaron a eliminar a quienes favorecían o apoyaban las reformas y a quienes simpatizaban o eran parte de la oposición. Por este motivo, miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas por el ejército, los cuerpos de seguridad y los paramilitares.
En ese entonces, los escuadrones de la muerte contaban con una red de grupos armados ilegales, organizados, dirigidos y financiados por miembros de la oligarquía, que contaban con la colaboración de oficiales militares de alta. Inicialmente, estos se limitaron a servir como meros ejecutores; pero gradualmente se apoderaron de su dirección. De esta manera, algunos escuadrones fueron dirigidos por civiles y otros por militares. Independientemente de su dirección, los escuadrones por lo general actuaban en coordinación con el ejército y apoyaban sus operativos. El carácter clandestino de sus actividades permitió ocultar la responsabilidad del Estado y creó un ambiente de impunidad total.
El grupo dirigido por el ex mayor Roberto D-Aubuisson es un buen ejemplo del primer tipo. D-Aubuisson estaba completamente convencido de que la agresión comunista internacional destruiría el país.
Con el apoyo de la oligarquía y de la red de inteligencia y operaciones de los cuerpos de seguridad, se constituyó en el dirigente que impediría a la izquierda tomar el poder. En consecuencia, aplicó el mismo método de las organizaciones político militares: el uso ilegal de la fuerza. Las intenciones de este grupo no fueron tan limpias ni sus miras tan altas como sus dirigentes afirmaban en su discurso público. La evidencia disponible muestra que mezclaron la política, el asesinato y el lucro con su afán por combatir a la oposición pacífica y armada.
El segundo tipo de escuadrón de la muerte surgió en las secciones de inteligencia del ejército y de los cuerpos de seguridad. Más aún, las secciones de inteligencia organizaron su trabajo de acuerdo al modelo del escuadrón de la muerte. Sus acciones eran llevadas a cabo por elementos del ejército, vestidos de civil y fuertemente armados, sin insignias y en vehículos sin identificación. Incluso el estado mayor del ejército contaba con un aparato de inteligencia secreta y clandestino (el Departamento de Asuntos Civiles), dedicado a investigar a los políticos. La información que esta unidad recibía de las secciones de inteligencia de las unidades militares y de los cuerpos de seguridad era utilizada para planificar sus actividades, incluyendo el asesinato.
En estas circunstancias, el intento del Partido Demócrata Cristiano para salvar el proyecto reformista hegemonizado por el ejército era ilusorio. El proyecto no tenía viabilidad porque no estaba garantizado por una fuerza real, dispuesta a oponerse al poder oligárquico hasta las últimas consecuencias. El ejército no había dado muestras de ser esa fuerza. Si a esto se añade que el propósito reformista de la democracia cristiana sirvió como pretexto para justificar la represión, el planteamiento político de este partido es muy cuestionable. El anuncio y la promulgación legal de las reformas -en concreto, la agraria y la nacionalización de la banca- por parte de la junta de gobierno demócrata cristiana recrudecieron la represión, porque quienes no aceptaron la nueva junta, a los ojos del ejército, aparecieron como comunistas y subversivos que debían ser aniquilados.
El mayor de los sarcasmos era que el gobierno decía estar haciendo reformas en beneficio precisamente de aquellos mismos a quienes perseguía, acorralaba y asesinaba diariamente. La verificación de este hecho fundamental hizo que, uno tras otro, ministros, altos funcionarios e incluso un miembro de la junta de gobierno abandonaran la administración pública, hasta el punto que, en los tres primeros meses de 1980, no se logró completar el gabinete de gobierno.
Por eso, Mons. Romero, si bien no rechazó en principio las reformas propuestas por la segunda junta, las criticó acerbamente por considerar que se habían desnaturalizado: no se podían hacer reformas para el pueblo en contra suya y de sus organizaciones. Mons. Romero dijo que el criterio de verdad de las reformas había que buscarlo en el bienestar del pueblo. Y es aquí donde la junta demócrata cristiana, más allá de las promesas y palabras, no pasó la prueba. A eso se debió que Mons. Romero aumentara sus críticas a las reformas, cuyos únicos resultados evidentes eran la ocupación militar del país y la represión sistemática.
Las organizaciones populares se unificaron en una Coordinadora Revolucionaria de Masas en la segunda semana de enero de 1980. Las organizaciones político militares hicieron otro tanto. La unidad de estas agrupaciones y el anuncio de una gran manifestación que tendría lugar el 22 de enero sembraron el pánico en la oligarquía, ya intranquila por el anuncio de las reformas y acosada por las organizaciones populares. La retórica revolucionaria de estas últimas también perturbó a las capas medias, afligidas por las confrontaciones ideológicas.
La primera reacción de la oligarquía fue desfigurar ante la opinión pública el significado verdadero de la unidad popular, presentándola como una declaración de guerra al resto de la sociedad, una alianza de tribus guerreras para masacrar a ciudadanos pacíficos y acabar con los sectores medios. Inmediatamente después comenzó a preparar la provocación para que la organización popular emprendiera acciones espontáneas y suicidas. Eligió como momento crucial la manifestación del 22 de enero. Así, esperaba acabar con los proyectos reformistas.
La agresión a la manifestación pacífica fue cuidadosamente preparada. De ella se esperaba el comienzo de graves disturbios, intentos de insurrección y la respuesta contundente de los cuerpos represivos y, eventualmente, la intervención del ejército. La opinión pública fue preparada para los disturbios que se avecinaban. El hostigamiento empezó varios días antes de la manifestación, pero su intensidad no desaminó al pueblo organizado. La víspera de la manifestación ametrallaron los edificios de la Universidad de El Salvador, donde pernoctaban algunos manifestantes así como los locales de FENASTRAS y del Bloque Popular Revolucionario. El mismo día de la movilización, rociaron con un poderoso insecticida a una buena parte de los manifestantes.
Unas 200 mil personas desfilaron por las calles de San Salvador el 22 de enero, a pesar de que los cuerpos de seguridad impidieron la llegada de grupos de fuera de la capital. Muchos miles de personas fueron testigos del orden y la alegría con los que discurría la manifestación más grande de la historia de El Salvador, cuando esta fue agredida a balazos desde varios edificios públicos. Como ya era costumbre en estos casos, se sucedieron explicaciones oficiales, tratando de eximir de toda responsabilidad a los cuerpos de seguridad. Después de esta masacre, se desató una especie de guerra de exterminio contra las organizaciones populares integrantes de la unidad popular.
Los demócratas cristianos y estadounidenses que buscaban una salida entre las dos extremas, quedaron subordinados a la aniquilación del movimiento popular, al que simplísticamente tildaron de marxista leninista. La propuesta de solución del 15 de octubre, continuada por el proyecto de Estados Unidos y ejecutada por la democracia cristiana, en vez de mediar entre dos extremos, agudizó las contradicciones existentes. Por un lado, desesperó a la oligarquía y, por el otro, hizo avanzar cuantitativa y cualitativamente a las organizaciones populares y también a las político-militares, las cuales se estaban preparando para lo que sería la insurrección general y la ofensiva final.
La gigantesca ola de represión aceleró y radicalizó la hora de la insurrección. Se estaba llegando al límite donde la situación debía decantarse de manera definitiva y militar. La solución de centro, propuesta tardíamente y ejecutada torpemente por la democracia cristina y Washington, solamente sirvió para precipitar el país a la guerra civil. En realidad, se trataba de una variante de la solución oligárquica.

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