Dossier Golpe de Estado en Honduras. Análisis y pronunciamientos de sector académico y otros intelectuales y periodistas

Dossier Golpe de Estado en Honduras1

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO

Licda. Leticia Salomón

Directora de Investigación UNAH

A. LOS HECHOS

1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006- 2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3. EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1. Intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los “poderes fácticos” que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.

C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

1. El presidente quería imponer la democracia participativa

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3. El Presidente pretendía continuar en el poder

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país

La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

5. El Presidente ha incumplido sus funciones

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político- económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2. Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

4. De candidato perdedor a presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1. Politización partidaria de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

3. Incapacidad política para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

4. Recurrencia a poderes arbitrales

Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político- económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

· Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
· Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
· Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.

Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

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Comunicado del colega Jorge Amaya

CARTA PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA HONDUREÑA Y LATINOAMERICANA

Estimados amigos y amigas:

Lamento dirigirme a ustedes en este momento tan terrible y trágico de la historia de mi país. Como ya todos ustedes están enterados, la madrugada de este fatídico domingo del 28 de junio del 2009 las Fuerzas Armadas de Honduras, junto con el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en connivencia con la recalcitrante y traidora oligarquía del país perpetró un Golpe de Estado en contra del presidente constitucional de la República, el señor Manuel Zelaya Rosales, más conocido por nosotros como Mel Zelaya. La acción fue tomada de manera artera y cobarde, bajo el manto de la oscuridad de la madrugada tegucigalpense. El presidente fue violentado y sacado abruptamente de su casa de habitación, cuando se aprestaba -amparado en la Ley de Participación Ciudadana- a consultar a la ciudadanía en una encuesta para determinar si la población estaba de acuerdo en que se instalaran en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año una cuarta urna para expresar si estamos de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La medida venía precedida con la firma de más de 400,000 ciudadanos y ciudadanas de todas partes del país. Sin embargo, el ejército y la oligarquía ultramontana desbarataron toda posibilidad de dicha consulta popular. No quieren perder los privilegios y canonjías que gozan desde que nos independizamos de España en 1821. En Honduras convivimos 7 millones de catrachos en una sociedad multicultural, en donde los negros garífunas, los negros ingleses, así como los Pueblos indígenas como los Lencas, Maya chortís, Miskitos, Pech, Tolupanes, Tawahkas y millones de campesinos y obreros mestizos de las ciudades estamos excluidos de participar en una democracia directa.

En efecto, en nuestro país, más del 70% de la población vive en la pobreza, de los cuales el 56% están en la extrema pobreza. La escasa participación política, los altos niveles de corrupción institucionalizada, la existencia de una legislación tendente a favorecer al capital transnacional y a los intereses de esos grupos oligárquicos han generado una espiral de violencia y sobre todo la expulsión casi forzosa de 1 millón de hondureños hacia los Estados Unidos, equivalente al 15% del total de la población. Aún así, nuestro país no se ha ido al precipicio (por algo se llamará Honduras nuestra tierra?) debido a que esos mismos paisanos envían 2,500 millones de dólares al año a sus familias!.

Esto es lo que pretendía modificar el gobierno de Mel Zelaya, hoy en dìa blandiendo la espada de Morazán desde la trinchera de la democracia latinoamericana: la siempre hospitalaria Costa Rica. Las injusticias, la pobreza, la ausencia de democracia. Por esa razón, miles de hondureños -a pesar de no pertenecer a su partido- nos sumamos a su propuesta, la cual simboliza la puesta en marcha de un proyecto nacional en el país. El presidente Zelaya (y le llamo así, “Presidente”, porque es único al que reconocemos la mayoría de catrachos y toda la comunidad internacional) ha librado una batalla en la que se define no solamente el destino de Honduras, sino que también de todos los países hermanos de Latinoamérica.

En estos precisos momentos (la una de la mañana del lunes 29 de junio), la rabia, la tristeza y la indefensión es lo que abate a la mayoría de nosotros, empero, el Pueblo, desde el mismo momento del Golpe Militar se ha manifestado y miles de obreros, estudiantes, profesores y campesinos siguen en alerta en las afueras de la Casa Presidencial. A las ocho de la noche recién pasada, los soldados abrieron fuego para amedrentar a los manifestantes. Este simple acto de remitirles esta carta es considerado por la actual Constitución Política como traición a la patria. Aún así, tengo la convicción que los traidores a la patria son ellos, los “golpistas”, que amparados en los fusiles y cañones quieren silenciarnos la voz y la oportunidad de vivir en una democracia justa y participativa. Por todo lo anterior condenamos el Golpe Militar, y solicitamos a todos ustedes que nos hagan el favor de reenviar este correo a todos sus contactos para que el mundo, y en especial Latinoamérica se entere de que acá no solo se juega el destino de nuestra nación, sino el futuro de toda nuestra tierra bolivariana y morazánica.

Su amigo y compañero:

Jorge Alberto Amaya.

PD: Por los momentos, quién sabe hasta cuándo me volveré a comunicar con ustedes, porque el gobierno de facto ha decretado “Toque de queda”, ha interrumpido las comunicaciones televisivas y de Internet (este correo se los estoy enviando desde una línea pirata), y además, está capturando a todo aquél que exprese libremente sus opiniones.

Dr. Jorge Alberto Amaya Banegas
Docente-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  (UPNFM)
Tegucigalpa, DC, Honduras CA.

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Comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre el conflicto político actual

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS SOBRE LA CRISIS POLÍTICA NACIONAL


LA EXTREMA POLARIZACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifiesta su profunda preocupación por la extrema polarización política, económica y social en la que está inmersa la sociedad hondureña desde hace varios meses. Esta polarización tiene sus orígenes en los conflictos políticos que se han gestado en el interior de las elites políticas y económicas, y en su resistencia a encontrar una salida negociada a sus diferencias.

LAS INSTITUCIONES Y SECTORES INVOLUCRADOS

Esta crisis, que se inscribe en el ámbito político y degeneró en el rompimiento del orden constitucional, involucró a los tres poderes el Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Tribunal Supremo Electoral y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De parte de la sociedad, también se han involucrado iglesias, empresarios, gremios, sindicatos,  organizaciones sociales, asociaciones de productores, organizaciones étnicas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación, estudiantes y ciudadanos en general; la crisis ha confrontado fundamental y lamentablemente, y de una manera sin precedente, a los hondureños y hondureñas, en una polarización que anula los juicios razonables y ponderados, fragmentando en pedazos todo intento donde pueden confluir
puntos de vista opuestos para construir un camino guiado por la razón y el conocimiento.

DE CONFLICTO POLÍTICO A CONFLICTO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Las elites políticas involucraron a las Fuerzas Armadas y a la Policía para resolver mediante el uso de la fuerza un conflicto que debió ser resuelto en el ámbito político, en el marco de la ley y del respeto a los derechos de las personas, y en la observación de las garantías constitucionales.
Recurrir al rompimiento del orden constitucional para dirimir un conflicto político, evidencia la debilidad de las instituciones y del Estado de Derecho; esta vía de salida ha conducido a que un conflicto de orden interno haya tomado una dimensión internacional, desde el día domingo 28 de junio, causando un enorme daño al país, de consecuencias todavía impredecibles.

Esta crisis ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la autonomía de los poderes del Estado y la existencia de reglas claras que garanticen su desempeño, además de asegurar un sistema de contrapesos que evite la injerencia y los atropellos de unos poderes del Estado sobre otros, y los excesos de malas prácticas e impunidad de quienes los dirigen.

EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

Vivimos en una época de profundos cambios y la democracia es un proceso en construcción. Cada día se avanza en el reconocimiento de derechos que los ciudadanos deben reclamar y a los cuales no pueden renunciar; entre ellos figura el derecho a ser consultados en aquellos temas trascendentes en la vida del país. Las sociedades no son pétreas, van cambiando y recogiendo los avances de la época en todos los ámbitos de la vida; la clase dirigente debe tener la habilidad para saber que los cambios sociales y políticos que deben hacerse, en vez de ser un punto de conflicto y de crisis, sea un punto de encuentro y de oportunidad para debatir sobre los cambios que hay que impulsar. La resistencia a los cambios sólo sirve para prolongar las crisis.

La crisis actual evidencia la urgente necesidad de reformar el Estado; la democracia debe  garantizar mayor participación e inclusión social y económica, mayor eficiencia y transparencia; pero sobre todo necesita construir una institucionalidad que garantice su despolitización partidaria y evite que cualquier funcionario manipule o irrespete la ley para satisfacer sus intereses particulares o políticos. Superar esta práctica antidemocrática ayudará a restituir la credibilidad en las instituciones y a garantizar la equidad en la toma de decisiones.

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El rompimiento del orden constitucional ha puesto en precario el papel mediador de los partidos políticos entre la sociedad y el Estado, y ha deteriorado su legitimidad ante la ciudadanía manteniéndose al margen como instituciones pero manifestándose activos en el Congreso Nacional. La crisis político institucional que enfrenta nuestro país en estos momentos, representa un desafío y una oportunidad para que los partidos políticos se reformen, redefinan su papel en el desarrollo democrático y generen estabilidad y confianza en la ciudadanía.

LA POSICIÓN DE LA UNAH

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras llama a que se respete el orden constitucional seriamente afectado por los recientes acontecimientos que nos han exhibido ante el mundo como un país con instituciones fuertemente sesgadas por intereses partidarios, sin garantías jurídicas e incapaces de solucionar pacíficamente los conflictos.

Demandamos que los conflictos en los que se vean involucrados los ciudadanos y funcionarios, cualquiera que sea su investidura, rango y funciones, sean resueltos aplicando las leyes y respetando el derecho que les asiste a ser juzgados en tribunales antes de ser sentenciados, tal como lo estipula un Estado de Derecho. También demandamos el pleno respeto a los derechos ciudadanos por parte de los órganos del Estado y el cese de cualquier medida de violencia, represión o intimidación contra la población, quien a su vez debe abandonar y rechazar cualquier intento o motivación para resolver por la vía violenta la actual crisis. La UNAH demanda de todos los sectores, de manera irrestricta, la libertad de expresión.

Demandamos que las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre del año 2009 se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se compromete a abrir un debate profundo, pluralista, riguroso e incluyente sobre el Estado, la Constitución de la República, la democracia y sus instituciones y los retos que plantea el desarrollo democrático de cara al contexto nacional e internacional.

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Intelectuales de Honduras contra Golpe de Estado

Intelectuales de Honduras contra golpe de Estado

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Regreso a la caverna

Sergio Ramírez

El Pais, 30 de junio de 2009

El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un Ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.

Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.

Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el Ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.

La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.

El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del Estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del Ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del Estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el Estado Mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?

Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y “se volvió de izquierda”, lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.

Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el Gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.

La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.

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Crisis en Honduras

Edmundo Orellana:  Congreso perpetró un golpe

http://www.tiempo.hn/secciones/crisis-politica-en-honduras/22383-edmundo-orellana-congreso-perpetro-un-golpe


El diputado liberal y ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado, expuso en una carta divulgada ayer que la separación del depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales constituyó un golpe de Estado, y en los mismos términos se pronunciaron las parlamentarias Carolina Echeverría y Elvia Argentina Valle, ambas liberales.

En una carta al Congreso, Orellana Mercado –a quien los diputados consideraron héroe porque renunció del puesto de Ministro de Defensa para no participar en la cuarta urna– asegura que con la separación de Zelaya “se violó la Constitución de la República y se perpetró un golpe de Estado”.

Explica que renunció para no desobedecer la orden judicial que, en “un absurdo jurídico”, ordenó que no se practicara la encuesta de la cuarta urna aunque la misma no fue declarada ilegal, sino que se decretó la suspensión de los actos en una sentencia incidental y en una aclaración, que “insólitamente resultó en una nueva sentencia”, se incluyó todos los actos futuros similares a la consulta.

Doctor en Derecho Administrativo y tratadista de esta rama de las leyes, Orellana añade que como hubo comunicaciones libradas al Ministerio de Defensa recomendó no hacer la encuesta y eso lo llevó a interponer su renuncia, pero insistió que nada de esto faculta al Congreso para destituir a un Presidente de la República.

Orellana dice que las actuaciones del Congreso “contrarían palmariamente la Constitución de la República” porque en primer lugar se leyó una renuncia, cuando es “notorio el hecho de que Zelaya Rosales fue sacado violentamente de su casa y enviado contra su voluntad a Costa Rica”.

En segundo lugar, que se adoptó un decreto legislativo por el cual se destituye al Presidente de la República, alegando supuestos hechos delictivos que, de existir, deben ser calificados y juzgados por los tribunales competentes, no por el Poder Legislativo, en un respeto a un básico principio de división de poderes.

“La destitución del Presidente se adoptó sin que la Constitución le reconozca al Congreso Nacional potestad alguna para tomar una decisión de esta naturaleza”, por lo cual “mi posición es que se violó la Constitución de la República y se perpetró un Golpe de Estado”.

Finaliza recordando que renunció al Ministerio de Defensa porque se pretendía desconocer la orden de un juzgado y poner en precario el Estado de Derecho, lo cual era una simple amenaza, pero los actos del Legislativos descritos, constituyen la ejecución de una violación a la Constitución de la República que “entraña un indiscutible golpe de Estado, es decir, estamos ante un hecho consumado”.

DOS DIPUTADAS MAS APOYAN POSICION

En los mismos términos de la renuncia de Orellana se pronunció la diputada Carolina Echeverría, quien dijo que como abogada sabe que la destitución de Zelaya Rosales constituyó un “rompimiento del orden constitucional”.

Manifestó que si el Presidente cometió irregularidades “tenemos en nuestras leyes el procedimiento para procesar los actos de funcionarios del Estado”, pero en este caso “no se cumplió el debido proceso y no podemos hablar de defender el sistema democrático, no podemos hablar de defender la Constitución de la República, y llegar al extremo del rompimiento del orden constitucional”.

Aclaró que el Partido Liberal no está metido de lleno en este rompimiento y para comprobarlo “sólo tiene que ver las marchas, quiénes las dirigen, quiénes las apoyan, para darse cuenta de la realidad de lo que está pasando”.

La diputada Elvia Argentina Valle también calificó como golpe de Estado lo que hizo el Congreso Nacional en contubernio con los militares y el Poder Judicial. Los tres diputados no fueron invitados a la sesión en la que se derrocó a Zelaya Rosales.

DAVID CONTRA GOLIAT 2

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